Las técnicas de reproducción asistida se encuentran dentro de la cartera de servicios comunes a los que las personas con VIH tienen derecho a acceder siempre que exista un diagnóstico de infertilidad o indicación clínica
CESIDA denuncia esta situación discriminatoria y ha elaborado un informe que sustenta jurídicamente que la infección por VIH no puede ser utilizada como argumento válido para la exclusión en el acceso a técnicas de reproducción asistida en los centros asistenciales públicos o privados
El informe equipara la incorporación de la infección por VIH como causa de discapacidad, basándose en el modelo de discapacidad que trata de imponer la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad
Las técnicas de reproducción humana asistida han demostrado ser útiles, seguras y eficaces para las personas con VIH en casos de diagnóstico de infertilidad o indicación clínica y para evitar la transmisión del VIH. Por esta razón, el Sistema Nacional de Salud incluye estas técnicas dentro de la cartera de servicios comunes cuya prestación debe hacerse en condiciones de igualdad efectiva, con el fin de proporcionar una atención integral a la salud de las personas.
En la actualidad, la mayoría de las Comunidades Autónomas niegan este derecho a mujeres con VIH en centros asistenciales públicos y privados, aludiendo como única razón su estado serológico. Por este motivo, CESIDA solicita a las Administraciones Públicas que mediante acciones concretas ponga fin a este trato discriminatorio por razones sociales, con un colectivo especialmente vulnerable y con dificultad en algunos casos para acceder de manera real y efectiva a las prestaciones sanitarias.
Por otro lado, la Ley Técnicas de Reproducción Humana Asistida señala que debe garantizarse que las personas con discapacidad, entre las que se encuentran las personas con VIH, no sean discriminadas por razón de discapacidad en el acceso y utilización de estas técnicas de reproducción asistida.
Con el fin de subsanar esta situación de trato discriminatorio, CESIDA encargó un informe jurídico a Miguel Ángel Ramiro, profesor de la Universidad Carlos III, sobre el acceso a las técnicas de reproducción asistida de las personas con VIH. Este documento sustenta jurídicamente que el estado serológico no puede ser considerado un argumento de exclusión válido en el acceso a técnicas de reproducción asistida. Si se produjese tal exclusión, el informe destaca que las personas con VIH podrían reclamar su derecho mediante una serie de recursos, primero, ante la Administración y, posteriormente, ante los Jueces y Tribunales, con el fin de obtener su satisfacción.
Infección de VIH y discapacidad
Este informe considera la equiparación de la incorporación de la infección por VIH como causa de discapacidad. Esto significaría que por el simple hecho de ser diagnosticado de infección por VIH, el paciente recibe automáticamente el 33% de minusvalía. Actualmente la Ley no considera a los pacientes con VIH como personas con discapacidad, olvidando que estas personas son discriminadas socialmente a causa de su enfermedad.
En este sentido, y siguiendo el modelo social de discapacidad impuesto por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los hombres y las mujeres con VIH han de ser consideradas personas con discapacidad. Este cambio en la consideración implicaría que todas las personas con VIH podrían acceder a garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas en los diferentes planos de la vida.
CESIDA es la Coordinadora Estatal del VIH-sida, entidad que se constituye con la intención de aunar esfuerzos, trabajos y voluntades de las distintas organizaciones del Estado español que trabajan en el ámbito del VIH-sida. Se fundó en el año 2002 con el objetivo de ser una entidad referente para las organizaciones, entidades e instituciones nacionales del Movimiento Asociativo Organizado que abordan la realidad del VIH-sida. CESIDA está formada por 70 organizaciones de todo el estado español.
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